La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la modificación de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, tras una sesión que se extendió hasta pasada la madrugada. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo nacional bajo el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), busca establecer precisiones sobre la protección de glaciares y zonas periglaciares.

Durante el debate, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siguió la sesión desde uno de los balcones del Palacio Legislativo, saludando a los legisladores oficialistas. La votación se cerró después de escuchar los discursos de la diputada Silvana Giudici y el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Giudici señaló: "Lean bien porque el safarrancho de la 26.639, lo provocaron los que ahora dicen que no hay que cambiarla", y defendió que el método científico será fijado por el IANIGLA.

El proyecto contó con el respaldo de diputados de San Juan, quienes destacaron la capacidad provincial de gestionar la evaluación ambiental glaciar. Carlos Quiroga sostuvo: "Solo quienes vivimos en San Juan sabemos cómo cuidar el agua", mientras que su compañera Nancy Picón Martínez agregó que la ley aclara lagunas y refuerza el principio precautorio.

Por su parte, la oposición cuestionó la reforma. Pablo Todero (Unión por la Patria) advirtió que "van a vender los glaciares, van a vender las fuentes de agua", mientras que Myriam Bregman (FIT-Unidad) calificó la modificación como "un verdadero proyecto de saqueo". Otros legisladores, como Maximiliano Ferraro y Martín Lousteau, denunciaron presiones y riesgos ambientales derivados de la norma.

Activistas de Greenpeace realizaron manifestaciones frente al Congreso, desplegando carteles y reclamando que los diputados "no traicionen a los argentinos". En paralelo, desde cuentas oficiales del Gobierno se defendió la reforma, asegurando que "la protección de los glaciares y el ambiente periglacial no se modifica, sino que se aclara con precisión científica".

Con esta aprobación, la reforma avanza hacia su sanción definitiva, consolidando la postura del oficialismo en medio de un fuerte rechazo de la oposición y de organizaciones ambientalistas, mientras que provincias con proyectos mineros reforzaron su respaldo a la norma.