La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La decisión fue tomada por la jueza Mariel Borruto, quien hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).

La resolución alcanza a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, a las que se ordenó abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar obras vinculadas con el emprendimiento. La medida comprende perforaciones del lecho marino, infraestructura submarina, sistemas de conducción, unidades flotantes y el inicio de la extracción comercial, además de obras portuarias y terrestres asociadas.

El principal fundamento de la cautelar está relacionado con la falta de una evaluación de impacto ambiental previa. Según información oficial citada en el expediente, no se había iniciado un procedimiento de evaluación ambiental con las empresas involucradas. La jueza consideró que esa instancia resulta necesaria antes de avanzar con una actividad susceptible de generar modificaciones ambientales relevantes.

Borruto aclaró que la decisión tiene carácter provisional y “no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas”. También dispuso que las compañías presenten, dentro de los 10 días posteriores a la notificación, información sobre el estado del proyecto, su cronograma, contratistas, financiamiento, aseguradoras y estudios ambientales realizados.

La suspensión se mantendrá mientras se sustancie el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el juzgado disponga otra medida. El caso se suma a la disputa judicial y política en torno a la explotación de hidrocarburos en las áreas vinculadas con las Islas Malvinas.