EL GOBIERNO DIO A CONOCER LAS PAUTAS PARA APLICAR LA LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

El gobierno nacional publicó este sábado en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En el texto, el Ejecutivo reafirma que no es necesario contar con una autorización judicial para acceder a la práctica y aclara que la objeción de conciencia no puede aplicarse en caso de emergencia.

En la reglamentación, se estableció el alcance de la “responsabilidad institucional” para garantizar el acceso a la IVE hasta la semana 14 de gestación, y a la Interrupción legal del embarazo (ILE) por peligro para la vida, para la salud de la mujer o violación.

Por lo tanto el sector público de la salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga “tienen responsabilidades y obligaciones” para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y la atención posaborto.

Se aclara que hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional se puede acceder a la IVE con el requisito de prestar un consentimiento informado que debe tener un formato accesible y estar disponible en braille, digital, audio “y cualquiera que resulte adecuado” a la persona solicitante.

Ante situaciones de violencia sexual se requerirá, además del consentimiento informado, una declaración jurada de las personas mayores de 13 años, y antes de esa edad no se debe exigir ningún documento adicional ni denuncia.

En casos de peligro para la vida o la salud de la mujer o persona gestante, se requerirá el consentimiento informado y la constancia de la causal en la historia clínica.

En cuanto al acceso a la interrupción del embarazo de personas con capacidad restringida la reglamentación señala que “estas limitaciones son excepcionales y expresamente establecidas”, en los términos del artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación, detalla el decreto.

Asimismo, el reglamento de la ley IVE indica que el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán definir indicadores “que permitan evaluar la consecución” de los programas de capacitación.